Se ha de tener en cuenta si se ha sido víctima de esa negligencia en el ámbito privado (cuando se abona una contraprestación económica por recibir un servicio o atención médica) o en el ámbito del funcionamiento de un servicio de carácter público (cuando se es atendido en el sistema público de sanidad).

En el primero de los supuestos, la reclamación se debe llevar a cabo ante la persona física o jurídica que le ha prestado el servicio y ha recibido una contraprestación económica por ello. Para el caso de que nos encontremos ante un servicio sanitario prestado en el ámbito público, de ha de proceder a reclamar ante la administración titular de esa prestación o servicio público.

Asimismo, si la negligencia o mala praxis pudiera enmarcarse en el ámbito de un ilícito penal, se tendrá que reclamar ante la persona física que haya desarrollado ese comportamiento antijurídico independientemente de que además de ello, se pueda reclamar de igual modo una indemnización civil.

Por el mero hecho de producirse un mal resultado en el ámbito médico, no se genera automáticamente una responsabilidad del facultativo implicado en la intervención. Sin embargo, cuando no se han cumplido todos los protocolos médicos relativos a esa especialidad o no se han puesto al alcance del paciente todos los mecanismos de diagnosis, terapia o tratamiento adecuados al caso y se produce una situación negligente, en esos casos sí que podríamos hablar de posibilidad de mala praxis médica.

Sin embargo, sí que puede producirse la reclamación por negligencia cuando estamos ante casos de operaciones de carácter satisfactivo (tales como la medicina estética, cirugía plástica, prótesis dentales, correcciones ortodónticas, etc..) y que son consideradas intervenciones de resultado concreto.

En este tipo de casos, y antes de acudir al tribunal competente para resolver estos supuestos, se ha de llevar a cabo, por imperativo legal, una reclamación previa ante la Administración presuntamente responsable del hecho negligente. Una vez resuelto este trámite, el tribunal competente para conocer de estos supuestos será el Contencioso-Administrativo; según el apartado e) del artículo 2 de la Ley 30/98 reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Se trata de supuestos de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas que en ningún caso pueden ser enjuiciados por órdenes jurisdiccionales diferentes.

Para el caso de proceder contra una Administración Pública el plazo para poder reclamar es de un año. Ahora bien, para comenzar contabilizar este periodo, se ha de tomar como referencia el momento de estabilización de las lesiones y de las secuelas producidas por la actuación negligente.

Sin embargo, cuando procedemos contra un facultativo en el ámbito privado, nos encontramos en el plano de una relación contractual entre el médico y el paciente. En estos casos se deberían aplica las reglas de la responsabilidad contractual que permiten ejercer la acción por responsabilidad contractual durante un plazo de 15 años. Sin embargo, la jurisprudencia establece que en estos casos nos encontramos ante supuestos de responsabilidad extracontractual y por ello se debería aplicar el plazo de un año establecido en el Código Civil, sin perjuicio de que éste pueda verse prorrogado en las legislaciones de algunas Comunidades Autónomas.

Para poder reclamar por mala praxis o negligencia médica, la persona presuntamente perjudicada tiene necesariamente que haber padecido una lesión o un perjuicio. Éstos pueden ser físicos, psíquicos o incluso económicos. Con la indemnización por daños y perjuicios se pretende reparar en lo posible todo o parte del daño causado. Será no obstante el paciente quien tenga que probar la existencia de este daño así como el nexo de causalidad entre la actitud negligente y el perjuicio real causado en dicha situación. Es importante, en este sentido, disponer de toda la documentación médica posible que pueda ayudar a probar este tipo de actuaciones.

En los supuestos de mala praxis o negligencia médica, se puede solicitar una indemnización por los daños físicos y psíquicos producidos así como por las secuelas permanentes que hayan sido determinadas por el especialista dentro del procedimiento. Asimismo, se podrán solicitar de la parte demandada todos los gastos en los que nos hayamos visto incursos por fuerza debido al error médico producido o los que hayamos dejado de percibir por el mismo motivo.

El consentimiento informado es la aprobación que el facultativo recibe del paciente para realizar cualquier tipo de intervención médica. Se trata de un trámite obligado por la ley y a través del cual el médico informa al paciente de los riesgos que entraña la intervención a que éste debe o quiere someterse. Por ese motivo, un consentimiento informado que cumpla con los requisitos legales, ha de ser un documento individualizado en el cual consten las circunstancias concretas de la intervención y de la persona que lo va a aceptar mediante su firma.

La respuesta a esta cuestión es clara y contundente: cualquier paciente tiene derecho a recibir su historial clínico de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente.