Categoría: Actualidad Jurídica

La e-Justicia, mucho más que una revolución tecnológica

Los expertos consideran que las nuevas tecnologías son condición imprescindible, pero no suficiente, para la enorme labor que supone agilizar la justicia en España Una administración judicial en la que todos los legajos se vean desplazados por archivos digitales, en la que cualquier ciudadano o empresa pueda presentar una demanda por vía telemática y en la que la coordinación de medios electrónicos sea plena en todo el territorio constituye un objetivo imprescindible para modernizar la justicia española, pero no suficiente. A esa revolución tecnológica, que ya está en marcha y ha supuesto hasta el momento la tramitación de 54 millones de asuntos en la administración judicial española, hay que sumar un cambio cultural, procedimental e incluso legislativo, capaz de llevar el sistema a nuevos parámetros de eficiencia.

Ésta fue la tesis central que manejaron ayer los expertos invitados al primero de los Desayunos de Redacción Digitales organizado por CincoDías y T-Systems, transmitido en directo a través de CincoDías.com, y que versó sobre Los retos de la implantación y el desarrollo de la e-Justicia. “Creo que es necesario que rompamos varios tópicos en torno a esta cuestión. Hay que decir que no es cierto que la justicia en España esté al margen de la tecnología; se están llevando a cabo muchas y muy buenas experiencias en este ámbito y Cataluña es un ejemplo de ello. Pero también debemos reconocer que la tecnología por si sola no puede y no va a resolver todos los problemas que aquejan a la justicia española”, explicó Montserrat Turá, consejera de Justicia de la Generalitat catalana.

Turá, que hizo una amplia exposición de los importantes avances que ha llevado a cabo Cataluña en esta materia, confesó que ese esfuerzo tecnológico no se ha traducido en un avance sustancial en eficiencia. “Cada año entran 1.300.000 asuntos en la justicia catalana y salen 1.275.000. Todavía tenemos 25.000 asuntos que se nos acumulan”, explicó la consejera, tras señalar que Cataluña -con 68 euros por persona y año- es la comunidad autónoma española que más invierte en esta materia y que resuelve ya el 75% de las gestiones vía telemática.

La misma reflexión expuso Fernando de Rosa, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, quien se mostró convencido de que la progresiva implantación de nuevas tecnologías en los juzgados y tribunales debe ir acompañada de otras medidas complementarias, como la promulgación de una ley de modernización que obligue al personal y los profesionales de la justicia a utilizar medios telemáticos. “Hasta que en la legislación española no cambiemos el podrán utilizar medios telemáticos por el deberán utilizar no habrá cambio. Si dejamos que el uso de las tecnologías siga siendo opcional no avanzaremos”, explicó.

Un extremo que respaldó Antoni Aliana, director general Corporativo y CFO de T-Systems Iberia, que hizo referencia a la necesidad de un “elemento exógeno” capaz de impulsar de un modo rupturista el proceso de modernización judicial. “Ése elemento puede ser un cambio legal que obligue a todos los agentes a utilizar medios electrónicos”, resumió.

Tras señalar que el Plan de Modernización de la Justicia 2009-2012, impulsado desde el Gobierno, contempla para este año una inversión de 214 millones de euros y prevé alcanzar los 600 en los próximos tres años, José de la Mata, director general de Modernización del Ministerio de Justicia, cifró en cuatro los retos a abordar en esta materia. De la Mata insistió en la necesidad de apostar por la interoperabilidad entre los sistemas tecnológicos; realizar un esfuerzo claro en la colegiación de esfuerzos por parte de las distintas administraciones e instituciones judiciales; abordar un proceso de gestión del cambio en materia de recursos humanos y plasmar todos esos esfuerzos en un texto legal. 12 millones de comunicaciones

El representante del Ministerio de Justicia, quien aseguró que a finales de año el grueso de comunicaciones realizadas por vía telemática gracias al programa LexNet en los juzgados y tribunales españoles alcanzará los 10 o 12 millones, insistió también en la necesidad de acometer un cambio global. “Es necesario un cambio de paradigma en lo organizativo. En ese sentido estamos en un momento muy importante con las novedades que supondrá el despliegue de la oficina judicial y el resto de cambios normativos que llegarán en los próximos meses”, añadió. Como ejemplo de los esfuerzos que ya han fructificado sobre el terreno, Gonzalo Díe, director de Planificación y Relaciones Externas de Red.es, reveló que se han invertido 80 millones de euros en los últimos tres años en la digitalización de los registros civiles municipales y 48 millones en hacer lo mismo con los juzgados de paz.

Díe respaldó la idea de que las nuevas tecnologías son condición imprescindible, pero no suficiente, para la enorme labor que supone agilizar la justicia española. “La tecnología hoy en día es una commodity. Es algo absolutamente necesario, pero no basta. La tecnología por si sola no puede sostener un cambio como el que necesitamos”, resumió.

Un cambio que para José María Anguiano, socio del departamento de Tecnologías de la Información de Garrigues, debe pasar también por la especialización de los órganos judiciales encargados de enjuiciar casos vinculados con las nuevas tecnologías. “La cuestión es si los jueces españoles están capacitados para resolver temas relacionados con tecnología”, señaló.

El socio de Garrigues, que aportó el punto de vista de los abogados al debate, se preguntó cuántos juzgados españoles están preparados para afrontar un tipo de litigiosidad que está creciendo a un ritmo exponencial. “¿Puedo aportar un documento digital como prueba en todos los juzgados españoles? Todos sabemos que sus señorías están obligados a abordar cuestiones complejas y muy distintas entre sí todos los días, ¿pero están preparados para enjuiciar este tipo de asuntos? A lo mejor es el momento de plantearnos la creación de órganos jurisdiccionales especializados”, reflexionó. Interoperabilidad

Todos los expertos que participaron en el debate coincidieron al calificar de “momento histórico” la coyuntura actual para abordar la modernización de la Justicia. “Estamos en un momento único en el que hay que destacar la colaboración que se está llevando a cabo entre el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y las comunidades autónomas”, señaló Fernando de Rosa, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial.

De Rosa resaltó la importancia de modernizar también los procedimientos judiciales e impulsar medios alternativos de resolución de conflictos, así como de lograr la interoperabilidad de los sistemas informáticos en los distintos órdenes y ámbitos de la administración judicial, un extremo que subrayó también la consejera de Justicia de la Generalitat catalana, Montserrat Turá. “Debemos interoperar con el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y el resto de comunidades. Se deben poner los medios para que nuestros datos puedan ser leídos en otras comunidades”, apuntó.

Turá también hizo referencia a que el proceso de digitalización de la justicia exige un esfuerzo importante por parte del personal y los profesionales que trabajan en este ámbito. “¿Sustituirán las nuevas tecnologías al personal? No, ésa nunca ha sido la idea. Lo que sí harán es aumentar la exigencia de cualificación en ese personal”, añadió. Y puso como ejemplo la Ciudad de la Justicia de Barcelona, donde los expedientes “se pueden localizar a través de la PDA”.

Antoni Aliana, director General Corporativo y CFO de T-Systems Iberia, quien recordó como anécdota que hasta 1992 “no se retiraron las máquinas de escribir en los juzgados de alguna comunidad autónoma y hubo que hacerlo para que comenzasen a usarse los ordenadores”, puso como ejemplo de interoperabilidad la relación entre la administración judicial catalana y los Mossos d’Esquadra, fundada en el uso de la firma electrónica. “No se ha implantado de forma impositiva, sino de un modo natural y sutil”.

Desde el Ministerio de Justicia, José de la Mata recordó que el plan operativo anual que prevé el proyecto de modernización de la justicia incluye para 2010 80 medidas con sus correspondientes plazos y objetivos. De la Mata señaló, además, que en los próximos tres años se crearán 2.000 plazas de personal de administración de justicia y que se han puesto las bases de una reforma de la demarcación y planta judicial “para los próximos 25 años”.

El ejemplo del esfuerzo hecho en Sanidad para lograr la interoperabilidad de las historias clínicas sirvió a Gonzalo Díe, de Red.es, para ilustrar los frutos que puede producir la unidad de esfuerzos entre las distintas comunidades autónomas. Como complemento a la defensa de una mayor agilización en los tribunales, José María Anguiano insistió también en que la justicia “no sólo debe ser rápida, sino también de calidad”.

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La crisis dispara los embargos de casas hasta casi 100.000

Los juzgados recibieron 93.319 solicitudes de ejecuciones de hipotecas Una cifra récord que supera en un 59% el registro del año 2008 (58.686) Cataluña, Andalucía y Valencia, las comunidades más afectadas

La crisis económica provocó que los juzgados españoles recibieran 93.319 solicitudes de ejecuciones hipotecarias en 2009, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Una cifra récord que creció el 59% respecto al ejercicio anterior, cuando estas peticiones ya se duplicaron. En 2009, el 37% de las familias tuvo que retrasar al menos en una ocasión el pago de la hipoteca.

Aunque no hay datos al respecto, resulta obvio que el aluvión de peticiones de embargo se ceba con las rentas más bajas. Por eso el Ejecutivo prepara una norma que prevé elevar el umbral del sueldo que no se podrá embargar tras una ejecución hipotecaria y la correspondiente entrega de la vivienda. A su vez, otras voces piden que se suprima la garantía personal de los contratos hipotecarios que obliga a seguir pagando un crédito aunque al titular de la vivienda haya sido embargado. En 2009, el 37% de las familias tuvo que retrasar al menos en una ocasión el pago de la hipoteca.

Las ejecuciones hipotecarias, que solicitan sobre todo las entidades financieras, alcanzaron un nuevo máximo en el último trimestre de 2009, cuando se registraron 26.941 peticiones. Para 2010, las previsiones son aún más desalentadoras, según Adicae, que prevé para este año unos 150.000 embargos.

No obstante, esa cifra creció ‘sólo’ el 27% en comparación con el cuarto trimestre del año anterior, una evolución que los expertos consideran lógica después de que se duplicaran estas solicitudes en todos los trimestres de 2008. Las casas embargadas, a subasta El CGPJ ya había pronosticado que los embargos se multiplicarían en 2008 y 2009 ante los actuales ‘momentos de dificultad financiera y económica’Las demandas de ejecución por impago de hipotecas permiten que la entidad financiera u otro acreedor subaste el bien (normalmente una vivienda o un edificio) para recuperar los importes prestados más los intereses.

Por ello, el CGPJ ya había pronosticado que estas pujas se multiplicarían en 2008 y 2009 ante los actuales “momentos de dificultad financiera y económica”. En cualquier caso, el número de ejecuciones hipotecarias volvió a superar el pasado curso las expectativas del CGPJ, que preveía 76.463 procesos en 2009, frente a los 53.272 calculados para 2008 (que finalmente se elevaron a 58.686).

Las estadísticas, menos alarmantes que la realidad Los embargos hipotecarios que se solicitan ante los juzgados de primera instancia se empezaron a disparar en 2007, cuando se registraron 25.943 peticiones, un 47,2% más que las 17.622 contabilizadas en 2006, que habían crecido ligeramente respecto a las 15.411 de 2005 y las 14.346 de 2004. Las estadísticas no dan la ‘idea real’ de todos los inmuebles que se están ejecutando en los juzgados.

El CGPJ, el máximo órgano de gobierno de los jueces, ha avisado en repetidas ocasiones que las estadísticas no dan la “idea real” de todos los inmuebles que se están ejecutando en los juzgados. Según este organismo, una única petición puede conllevar la subasta de varios bienes de modo que “puede ser todavía más alarmante el incremento detectado”. Cataluña, la región más afectada Por comunidades autónomas, Aragón registró el mayor aumento en el número de ejecuciones hipotecarias en 2009, ya que crecieron el 97,61%, seguida de lejos por La Rioja, con una subida del 75,7%.

No obstante, el mayor número de embargos se dio ante los juzgados de Cataluña, donde se registraron 18.053 solicitudes (un 60,6% más), mientras que en Andalucía se contabilizaron 17.774 solicitudes (un 55,1% más) y en Valencia, 16.290 (un 53,8% más).

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El impuesto de sucesiones desaparece para el 94% de los contribuyentes

El Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley de regulación del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Con esta reforma, se incorpora en un solo cuerpo jurídico las modificaciones de este impuesto que se han hecho en los últimos meses.

Gracias a la nueva regulación, el impuesto de sucesiones desaparece para el 94% de los contribuyentes y pasa a ser un tributo que pagarán exclusivamente los grandes patrimonios. De esta manera, se corrige las situaciones de injusticia que se daban en la actualidad -cuotas excesivamente elevadas para los patrimonios pequeños y medios- y, a la vez, mantiene la función social de este impuesto: redistribuir la riqueza y contribuir a la igualdad de oportunidades.

Elementos destacados de la reforma

•Se eleva de forma radical los mínimos exentos, que pasan de 18.000 a 500.000 euros (más un máximo de 150.000 adicionales) para las herencias entre cónyuges y de 18.000 a 275.000 euros (más un máximo de 125.000 adicionales) para las herencias de padres a hijos.

•Se mantiene la bonificación del 95% para la vivienda habitual del difunto, con un límite de 500.000 euros. Además, la tarifa pasa de 16 a 5 tramos y se suprimen los coeficientes multiplicativos para el patrimonio preexistente. •Como resultado de estas modificaciones y una vez completada la reforma, un 99% de las herencias entre cónyuges y un 97,5% de las transmisiones entre padres e hijos dejan de tributar.

•Hay una nueva reducción del 95% para las donaciones para constituir la primera empresa. Esta reducción está especialmente diseñada para fomentar las acciones emprendedoras entre los jóvenes y el mantenimiento de la actividad empresarial.

•Las personas que hereden la vivienda habitual del difunto podrán mantener la reducción del 95% aunque se lo vendan antes de 5 años, siempre que destinen los recursos a adquirir su propia vivienda habitual.

•Se incrementa la reducción para seguros de vida y pasa de 9.380 a 25.000 euros el importe máximo de la reducción para las primas vinculadas a los seguros de vida. •Se mejoran las reducciones para las personas discapacitadas.

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La abogacía intervendrá en la designación de los jueces

El Consejo General firma un acuerdo con el Poder Judicial

Un caluroso abrazo coronó ayer el que ya se considera -en palabras de Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía- el acuerdo “más importante” firmado hasta el momento entre abogados y jueces. “Hoy comienza un nuevo maridaje entre el Consejo General de la Abogacía y el Consejo General del Poder Judicial”, señaló el presidente de los abogados tras rubricar junto a Carlos Dívar, presidente del Consejo General del Poder Judicial, un pacto cuya consecuencia más relevante es la posibilidad de que la abogacía pueda intervenir en los nombramientos de altos cargos de la judicatura.

El documento establece que el órgano que preside Dívar podrá recabar informe del Consejo General de la Abogacía, quien a su vez podrá pedir asesoramiento a los consejos de colegios de abogados y a los propios colegios respecto de la designación de cargos y nombramientos de los presidentes de las Audiencias Provinciales y presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia.

Jueces “catalogados”

Carnicer insistió tras la firma en que “nadie” como los abogados, que están “a diario” trabajando en los juzgados, conoce a los jueces. También recordó que por esta razón los tienen “perfectamente catalogados” y saben de su “muy buena calidad”, aunque “en alguna ocasión, a lo mejor hay algún informe negativo”. También explicó que el convenio, que entra en vigor inmediatamente, será aplicable a los nombramientos que el Poder Judicial tiene pendientes en estos momentos, entre ellos los de las presidentas de los Tribunales Superiores de Justicia de la Comunidad Valenciana y del País Vasco. Según el presidente de los abogados, la Abogacía también podrá informar “sin que se lo pida el Poder Judicial” previamente. El acuerdo prevé también que el Consejo General del Poder Judicial podrá recabar de las salas de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia informes de los colegios de abogados “respecto a las propuestas y solicitudes para cubrir el servicio de los órganos jurisdiccionales en régimen de provisión temporal”, en especial de los jueces sustitutos.

Otro aspecto importante atañe a las medidas disciplinarias. Tanto la abogacía como la judicatura se remitirán actuaciones y denuncias en que se vean implicados tanto letrados como miembros de la carrera judicial.

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CAMPO & CAVIA – NOTICIAS JURÍDICAS

El Congreso ha aprobado por unanimidad una proposición de ley para que los autónomos ingresen el IVA en el momento de cobrar la factura y no, como sucede ahora, cuando la emiten.

En diversas ocasiones el PP había planteado esta medida, pero siempre había recabado el rechazo del grupo mayoritario, el PSOE.

Desde Hacienda, siempre se ha defendido que la medida, si bien podía tener sentido desde un punto de vista económico, resulta muy difícil de aplicar técnicamente. De llevarse a cabo, fuentes de Hacienda advierten que también se incrementará el control tributario.

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