El conseller de Economía de la Generalitat, Antoni Castells, ha presentado esta mañana en el Consell Executiu las bases de la reforma fiscal que se presentarán como anteproyecto de ley «antes del 30 de junio», según ha adelantado el conseller. El sistema marca un aumento del tramo autonómico en el IRPF de dos puntos para los contribuyentes con rentas superiores a los 120.000 euros. Así, pasarán de tributar del 21,5% al 23,5%. En total, la medida afectaría a un 0,5% de los catalanes sujetos a este impuesto, 19.473 contribuyentes.
Además, la medida incluye un nuevo tramo, a partir de 175.000 euros, en el que el aumento de la presión fiscal será de cuatro puntos. Estos contribuyentes pasarán de tributar un 21,5% a un 25,5%. Según las previsiones de la conselleria de Economia, este aumento de la presión fiscal reportará unos 75 millones de euros adicionales al presupuesto de la Generalitat.
Otras medidas de austeridad
A la espera de que se apruebe el anteproyecto de ley que permitirá elevar los impuestos para las clases más altas, el Govern ha aprobado diversas medidas para adelgazar el gasto de la Generalitat y reducir el déficit. La primera de ellas afecta al gasto de personal público.
En este sentido, el Govern suplirá la mitad de las vacantes por jubilación en empleados de salud y docentes, mientras que sólo lo hará en un 10% de las plazas del resto de sectores. Esta medida, junto a otras encaminadas a reducir el gasto en personal, permitiría ahorrar unos 410 millones de euros.
Otro de los paquetes corresponde a medidas de mejora de la eficiencia y simplificación del sector público. En este sentido, se ha aprobado la desaparición de 63 entidades dependientes de la Generalitat. Ya sea a través de fusiones, integraciones o disoluciones, esta disminución supone el 26% de las 247 entidades actuales.
Ralentización de la inversión en obra pública
En el campo de la inversión, tal y como ha anunciado el conseller Joaquim Nadal, se postergará o paralizará la construcción de obra pública. Este freno en la inversión ahorrará unos 531 millones (400 de Gisa, Ifercat -L9 del Metro- y la constructora de equipamientos del Institut Català de Finances (ICF)), según las previsiones del Govern.
El criterio, en este sentido, es «no parar ninguna obra iniciada, pero sí ralentizarlas y acompasarlas en el tiempo», tal y como ha explicado Nadal. Así, se retrasarán las licitaciones y no se empezará a trabajar en obra nueva hasta 2011.
El conjunto de medidas aprobadas por el Govern supondría un ahorro de 1.570 millones de euros en gasto público. La Generalitat, además, prevé ingresar 100 millones de euros extra en impuestos de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados y vehículos.
Así, con la reducción del gasto prevista y este aumento de la presión fiscal, el Gobierno catalán prevé reducir el déficit de la Generalitat en 1.670 millones en 2010. Si el anteproyecto de ley, como todo apunta, sale adelante tal y como está planteado en este momento, a esta cantidad se le sumarán los 75 millones adicionales del aumento en el IRPF para las rentas más altas.