En 1981, el entonces presidente del gobierno de España, Adolfo Suárez se enfrentó a la Iglesia Católica promoviendo la primera ley del divorcio en nuestro país.
Se trataba de una ley de divorcio muy progresista que se situó entre las más avanzadas de Europa. Su aprobación no fue sencilla debido al rechazo descomunal de la jerarquía católica e incluso por la oposición de los sectores más conservadores de su partido.
El gobierno de la época redactó una ley muy progresista negociada con sectores feministas y movimientos sociales, incluyendo muchas de sus propuestas a pesar de la férrea oposición de la iglesia católica.
No obstante todo lo anterior, esta ley se basaba en una serie de causas listadas para poder decretar la separación y el divorcio. Entre ellas se encontraban el abandono injustificado del hogar, la infidelidad, la violación de los deberes familiares, la condena a privación de libertad, el alcoholismo, toxicomanía o perturbaciones mentales o el cese efectivo de la convivencia conyugal por diversos periodos de tiempo.
La ley del divorcio se aprobó el 7 de julio de 1981. Entró en vigor el 9 de agosto y en septiembre llegó a los juzgados españoles un aluvión de demandas que reveló una realidad que la sociedad de la época estaba pidiendo.
El 8 de julio de 2005 el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero llevó a cabo una profunda transformación de la tradicional ley del divorcio. Entre las reformas introducidas por la mencionada norma se encontraba la eliminación de las causas legales para la separación y el divorcio, así como permitiéndose lo que coloquialmente se ha pasado a denominar divorcio exprés, es decir, poder ejercer la acción de divorcio pasados tres meses después de la celebración del matrimonio sin tener que pasar previamente por la institución de la separación. Esta reforma volvió a modernizar el divorcio en España y agilizó considerablemente sobre todo los procedimientos en los que las partes presentaban la demanda de mutuo acuerdo.
Campo & Cavia Abogados
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