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08/01/2010

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley del nuevo Registro Civil, orientado a las personas, único para toda España, accesible telemáticamente, al servicio de los ciudadanos y desjudicializado.

El nuevo Registro Civil, cuyo anteproyecto de ley ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, no persigue "colocar" ordenadores en el Registro tradicional, sino que cambia "de arriba a abajo" su concepción, según ha explicado el ministro de Justicia, Francisco Caamaño.

El actual Registro está sustentado en una Ley de 1957, está diseminado en múltiples oficinas, estructurado en numerosas secciones y vinculado a la planta judicial.

Con el nuevo Registro, que será único para toda España, se acaba con la dispersión. La información no se procesará en función de dónde suceden los hechos (nacimiento, matrimonio, defunción...), sino de la persona.

En este sentido, cada persona tendrá una ficha personal única, un "Código Personal de Ciudadanía", que se abrirá con su nacimiento y a ella se incorporarán todas las variaciones de su vida civil.

Con ello dejarán de expedirse Libros de Familia, que serán sustituidos por certificados registrales. También se supera el criterio de territorialidad, ya que en cualquier oficina se podrán realizar inscripciones y todas ellas tendrán acceso a la información registral. Ello redundará en beneficio del ciudadano al que, salvo en extraordinarias ocasiones, no se le solicitarán certificados.

El ciudadano, además, podrá acceder a sus datos de forma telemática por lo que no tendrá que acudir a ninguna oficina registral para solicitar certificaciones o consultar datos.

Con este anteproyecto de ley, el Registro deja de ser una pieza de la administración judicial, pues se separa lo judicial de lo gubernativo, descargando así a los jueces de estas labores lo que facilitará que puedan dedicarse de lleno a su función primordial: juzgar y ejecutar lo juzgado.

El anteproyecto de ley dará lugar a una mayor simplificación: habrá unos 108 registros frente a los 431 actuales, con independencia de los juzgados de paz y los registros consulares, lo que supone "más de 8.000 puntos dispersos por toda la geografía española", ha especificado Caamaño.

En resumen, el ministro de Justicia ha concluido que el nuevo Registro se caracterizará por ser de personas, individual, único para toda España, electrónico, de servicios y desjudicializado.

Presidencia europea

La Vicepresidenta ha transmitido que el Consejo de Ministros ha visto un informe en el que se recogen las líneas básicas de la presidencia Española de la UE, que oficialmente se inaugura hoy.

La nueva Europa ha de ser una región más fuerte e influyente, una Europa que hable de multilatelarismo, de paz y de derechos humanos, ha dicho.

En el informe se recogen las principales acciones que desarrollarán los distintos departamentos ministeriales y que se materializan en una agenda muy "ambiciosa".

El Gobierno también ha decidido remitir a los órganos consultivos el proyecto de ley de Economía Sostenible para recabar sus opiniones y posibles aportaciones al texto.

Esta ley, según subrayó Fernández de la Vega, forma parte de la estrategia para la economía sostenible y tiene tres ejes de actuación: la mejora del entorno económico, la mejora de la competitividad, y la sostenibilidad medioambiental.

El Gobierno busca con ella un nuevo modelo de crecimiento más resistente a las incertidumbres, más seguro, que consolide nuevas perspectivas de desarrollo y que impulse la recuperación.

Además, quiere concitar el mayor consenso posible, ha subrayado la Vicepresidenta,

En cuanto a las descargas de archivos de Internet protegidos por derechos de autor, la Vicepresidenta ha comentado que con la ley de Economía Sostenible se establece un procedimiento "ágil y eficaz" para "armonizar" los derechos fundamentales en conflicto.

El procedimiento elegido, explicó Caamaño, establece las "máximas garantías" y descansa en una pieza clave: la autorización judicial previa para poder adoptar medidas de bloqueo respecto de las páginas web.

Añadió que el juez será quien pondere el conflicto entre derechos fundamentales y tendrá un plazo máximo de cuatro días para convocar a las partes y resolver.

Fuente: La Moncloa

Fecha publicación: 08/01/2010

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