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12/01/2010

▪ Agilizará el cobro de deudas ante los tribunales, lo que resulta muy práctico en operaciones comerciales que afectan sobre todo a pequeños y medianos empresarios

▪ Se eleva de 900 a 2.000 euros la cantidad para la que no es precisa la intervención de abogado y procurador en los procesos de escasa cuantía

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha aprobado hoy el anteproyecto de ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía.

Esta reforma supone una aproximación a los instrumentos que, con igual propósito de tutelar los créditos, se han ido implantando por la Unión Europea estos últimos años, a través de lo que la doctrina califica como un derecho procesal europeo. Al propio tiempo, se han introducido en el derecho interno algunos principios que inspira el Derecho comunitario, con el propósito de aproximar la legislación nacional a la europea.

En este sentido, se destaca que se ha elevado en el juicio verbal la cuantía para la que no es precisa la intervención de abogado y de procurador, que pasa de 900 a 2.000 euros, en consonancia con la cantidad del proceso europeo de escasa cuantía.

En la legislación comunitaria, el proceso monitorio europeo aprobado por el Reglamento 1896/2006, aparece como una vía de reclamación transfronteriza de créditos pecuniarios no impugnados, y el proceso europeo de escasa cuantía aprobado por el Reglamento 861/2007, permite cualquier tipo de demanda cuando su valor, excluidos los intereses, gastos y costas, no rebase los 2.000 euros.

Ambos procesos comprenden únicamente reclamaciones en asuntos civiles y mercantiles, de acuerdo con las normas de la Unión Europea, que comprenden supuestos como el contrato de trabajo, que en el derecho español no se incluyen dentro del Derecho Civil o Mercantil.

Los procesos europeo monitorio y de escasa cuantía tienen aplicación únicamente en litigios transfronterizos. Sin embargo, el hecho de que algunas normas sean más ventajosas que las que incluye la legislación nacional, obliga a introducir las modificaciones que permitan que el acreedor residente en España no esté en peor condición que el acreedor residente en otro país de la Unión Europea cuyo deudor está en España.

Con este anteproyecto se modifica la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social de ley, para permitir el devengo de la tasa judicial por la presentación del procedimiento monitorio en los términos y con las cautelas previstas en el artículo 25 del Reglamento 1896/2006.

Fuente: Consejo de Ministros

Fecha publicación:4 de diciembre de 2009

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